RETO 4

 

Queridas/os compañeras/os,

Para este Reto 4 he decidido presentaros una línea de subvenciones de la Junta de Andalucía (sus bases están ahora en revisión) y en cuya gestión participé varios años hasta un reciente cambio de puesto.

En concreto, se trata de la línea de subvenciones -en régimen de concurrencia competitiva- destinadas a impulsar proyectos que redunden en la mejora de la alfabetización mediática en Andalucía, que desde 2013 ha venido concediendo la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía a empresas (diarios) y entidades sin ánimo de lucro (asociaciones de periodistas, por ejemplo). Con estas ayudas la Administración andaluza persigue que la ciudadanía se informe más, y mejor: más allá de facilitar que consulte los medios de comunicación asiduamente, se busca que con ello las personas propongan sus propias soluciones a los asuntos públicos, sean más participativas en la resolución de los conflictos y desarrollen las capacidades necesarias para entender, con sentido crítico, lo que los medios les hacen llegar. No en vano la Comisión Europea ya señalaba en 2009 (Recomendación de 20 de agosto) que “la alfabetización mediática abarca todos los medios de comunicación: su objetivo es aumentar la concienciación de los ciudadanos sobre las múltiples formas de mensajes difundidos por los medios con que se pueden encontrar en su vida diaria.”

Los proyectos que se desarrollan suelen componerse de una serie de clases más teóricas sobre la oferta existente para informarse en el mercado de los medios de comunicación y sus sesgos, por decirlo de alguna manera, y otras sesiones prácticas en las que se enseña al alumnado a realizar una noticia de prensa con distintos enfoques, impartidas todas ellas por periodistas. De nuevo el objetivo principal no es solo que esas personas se informen más, sino que también sepan distinguir los distintos enfoques y, por qué no, detectar inexactitudes o prismas irreales empleados por periodistas. De hecho, se pretende ahora reforzar en una nueva orden esa parcela de las fake news.

Siendo el público objetivo habitual de esas acciones subvencionadas adolescentes de institutos públicos o colectivos de personas mayores (normalmente en zonas rurales y mayoritariamente mujeres), incluso colectivos especialmente vulnerables, esta acción pública se convierte en un canal privilegiado para hacer llegar a esa población mensajes de igualdad de género. No obstante, creo sinceramente que ese aspecto ha sido poco enfatizado  estos años.  Por ejemplo, ¿por qué no se exige que en esos proyectos didácticos buena parte de los ejemplos que se pongan en clase sean sobre lenguaje o enfoques sexistas, o de temática de género?  

Para fomentar que las siguientes revisiones empujen más por esa dirección se ha logrado incluir un indicador de género obligatorio en el informe de resultados de cada proyecto, así como una descripción sistematizada del alumnado (edad, entorno urbano/rural, si se trata de una zona deprimida). Se intenta identificar claramente al público destinario de las acciones para, en el futuro y tras estudiar toda la información, poder orientar mejor las ayudas a proyectos que incidan especialmente en sectores concretos de la población (más específicamente que hoy). Este paso adelante es de agradecer, siempre que concluya en una adaptación de la línea de subvenciones para apoyar, por ejemplo, a colectivos de mujeres mayores rurales que con tanto interés buscan su emancipación cultural en entornos tradicionalmente muy machistas, pero donde a cambio es fuerte el asociacionismo de mujeres justo por el mismo motivo.

Y es que es justo decir que poco a poco la línea de ayudas ha ido incorporando criterios que favorecen la contratación de periodistas mujeres en las aulas para normalizar esa realidad, pues lamentablemente su presencia en la dirección de medios sigue siendo minoritaria, pero por el contrario su tasa de desempleo es superior a la de sus compañeros (en 2020 dos de cada tres periodistas en situación de paro eran mujeres, según la Asociación de la Prensa de Madrid). Y es que parece lógico que, como establece el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, referido a la transversalidad de dicho principio, se tenga en cuenta la situación específica de mujeres y hombres, al objeto de fomentar la eliminación de efectos discriminatorios y buscar la igualdad de género.

Se va mejorando, sí. Pero en nuestra opinión podría perderse una oportunidad para -expresa y decididamente- apostar porque esta medida pública sea una herramienta potente para asentar la igualdad de género en la sociedad. La última revisión de la Orden (septiembre 2018) que regula las bases define como el objeto el impulso de proyectos o actividades de difusión de contenido socio-educativo y cultural que sirvan a la ciudadanía para mejorar y ampliar el acceso a los medios de comunicación, así como a comprender y evaluar con criterio y sentido crítico la información que reciben de los mismos”, no incluyéndose referencia específica al tema de la igualdad. ¿Y por qué no? En eso consiste la transversalidad de la perspectiva de género y de la lucha por la igualdad desde la Administración: en incorporar el análisis de la desigualdad y la lucha para erradicarla en cada acción que tomemos, porque todo contribuye.